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Desalojos en plena pandemia: la realidad de las familias que acompañamos

Siete familias con menores en proceso de desalojo en Barcelona.

A Amics del Moviment del Quart Món  acompañamos estos días siete familias, que incluyen más de 10 menores, y que tienen pendientes órdenes de desalojo a los barrios de la Pau y la Verneda en Barcelona. El nuevo decreto ley 37/2020, del 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, no ampara las familias que viven en naves y solares en desuso.

Un decreto ley con futuro incierto

Este decreto ley tiene unos condicionados marcados y no todo el mundo puede acogerse. Para poder acogerse a la ley, la vivienda ocupada tiene que pertenecer a personas jurídicas o físicas con más de diez propiedades, se tiene que tener un informe de vulnerabilidad emitido por Servicios Sociales y haber entrado a la vivienda antes de la entrada en vigor del decreto ley mencionado.

A pesar de que esta situación ha aligerado las circunstancias de las familias afectadas, solo las protege de manera temporal, puesto que en el momento en que el decreto quede suspendido las familias serán desahuciadas sin una alternativa real de vivienda. A este impacto tenemos que sumar la afectación que puede comportar alejar los niños de las escuelas, a familias enteras de su entorno social habitual, del médico o de su propio puesto de trabajo.

Amics se incorpora a las asambleas de la PAH

Por otro lado, Amics del Moviment del Quart Món ha empezado a asistir a las asambleas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en la cual están recibiendo asesoramiento en materia de vivienda. Gracias a este apoyo se ha analizado la ley 24/2015 que recoge que un gran tenedor, persona física o jurídica que tiene más de 15 propiedades, está obligado a ofrecer alquiler social en caso de familias vulnerables sin ninguna alternativa habitacional.

Las familias que estén ocupando un espacio, por lo tanto, de un gran tenedor tienen derecho a un alquiler social, pero no es un camino fácil. Los grandes tenedores solo están obligados a ofrecer un alquiler social por un periodo de tres años y puede darse el caso de que, tras finalizar este alquiler, las familias puedan volver a quedarse sin hogar y de nuevo, a una enésima situación de incertidumbre.