En estos días que se habla de Mari Carmen he escuchado diferentes conversaciones sobre la vivienda, muchas de ellas han salido en las aulas.
Soy profesora de Sociales y la situación, además de su actualidad política, es una gran base para trabajar los temas de derechos e igualdad. Ambos conceptos, incipientes en la Ilustración (allá a finales de 1700), tuvieron una importancia crucial para forjar las revoluciones liberales, los valores de la Edad Contemporánea (esta que nos toca habitar) y de paso, nuestro currículum académico.
A pesar de su actualidad y el interés que despierta en clase, me resulta complicado hablar del derecho a la vivienda cuando en Barcelona se efectúan 26 desalojos cada semana (480 si abarcamos todo el territorio español), y cuando algunos afectan al alumnado. El tema requiere un delicado equilibrio entre reivindicación y tacto.
Siendo voluntaria de Quart Món, he podido entender un poco más sobre la precariedad residencial. Mis compañeras y yo hemos acompañado un gran número de desalojos (muchos más de los que habríamos querido ver); hemos hablado con madres que no pueden dormir durante semanas sabiendo que las van a echar, a padres que no saben qué responderles a sus hijos cuando les preguntan a dónde irán y jóvenes que gestionan como pueden el nerviosismo de no poder volver un día a su casa.
En algunos casos hemos visto trazas de violencia y racismo. En otros, muestras de gran empatía por parte de los trabajadores públicos, pero el final siempre es el mismo: “No podéis estar aquí, así que fuera”.
Me gustaría decir que las voluntarias podemos hacer algo para ayudar, aunque se antoja bien poco lo que ofrecemos: dar apoyo emocional; ayudar a la familia entender los papeles reciben; estar en los desalojos para reducir la sensación de impotencia. También acompañamos a las afectadas en la defensa de sus derechos: hemos presentado informes, quejas, documentos para intentar que conseguir garantías y protección para los momentos de desalojo (aun sabiendo que, si esto llega, será a largo plazo).
Estas semanas, en las calles y en los medios, he visto un movimiento social que me da una cierta esperanza: miles de personas y decenas de ciudades movilizadas para defender un derecho social (uno que se reconoce en la Constitución, pero no tanto en la práctica). Hubiese sido enorme que eso repercutiera en leyes que defendieran a personas que temen ser desahuciadas, pero todavía no estamos ahí.
Como voluntarias, hacemos lo que podemos. Como ciudadanas, luchamos lo que nos toca. Me gustaría creer que, como docentes, podemos poner también nuestra parte: hacer a los alumnos conscientes del valor de los derechos, darles herramientas para defenderlos, hablar del tema, reducir estigmas (algunos de mis alumnos acusan a los “okupas” sin saber que algunos de sus compañeros caen, sin quererlo, dentro de esa acusación).
En clase suelo decir que los profes somos herederos de los ilustrados, es decir, que nos creemos eso de que las personas tenemos derechos naturales, que pensamos que los movimientos políticos sirven para reducir desigualdades y que defendemos la educación como herramienta para hacernos menos manipulables.
Supongo que a mi voluntariado tengo que agradecerle el haber complementado esos ideales. Visitando a las familias, he conocido nombres e historias que aterrizan en algo (en alguien) tangible aquello que defendemos cuando salimos a gritar “Ni un desalojo más”.
Por algún horizonte se empiezan a construir los futuros…
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