Una cuarta parte de la población de las ciudades del mundo vive en asentamientos informales.
Son 883 millones de personas, la mayoría de ellas en el continente asiático pero también en el África subsahariana, en países latinoamericanos y del Caribe y en ciudades europeas. Significa tener derechos vulnerados y, por ello, las Naciones Unidas se han propuesto promover el acceso a una vivienda adecuada antes del año 2030. Lo explicamos en la revista Papers de Cristianisme i Justícia y nos fijamos en la realidad de Barcelona.
Vivir en un asentamiento
«Un hogar es un espacio donde cualquier persona puede desarrollar y ejercer todos sus derechos; sólo es adecuada cuando tiene agua potable y saneamiento, electricidad y otros servicios básicos, cuando se encuentra cerca de la escuela, de servicios de salud y de oportunidades de trabajo.» De esta manera define la relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la vivienda qué significa tener un hogar.
Hablar del derecho a la vivienda significa ir más allá de las cuatro paredes que conforman una casa e implica otros derechos asociados a la persona: sentirse segura y no poder ser desalojada en cualquier momento, tener las necesidades básicas cubiertas, no tener que vivir en zonas contaminadas ni peligrosas…
La mitad de la población mundial vive en las ciudades y una mayoría lo hace sin infraestructuras ni servicios adecuados.
Según la ONU-Hábitat, las personas que viven con más inseguridad en las ciudades son las que viven en asentamientos informales.
En los países del África subsahariana representan el 72% de la población urbana y en Asia meridional son el 59%.
La problemática, sin embargo, afecta a la mayoría de países del mundo.
En 2018, por ejemplo, el gobierno francés contabilizó más de 16.000 personas viviendo en 497 asentamientos informales.
Cambiar los zapatos a tu hijo porque los que llevaba se han manchado de barro cuando salía de casa; no tener un buzón donde te lleguen las cartas; despertarte a media noche porque llueve y el agua entra por el techo de la fábrica donde duermes; lavar toda la ropa porque llega el día del desalojo y no sabes cuándo volverás a tener agua; no poder invitar a ningún compañero ni compañera de tus hijos a jugar en casa… son algunas de las dificultades diarias que sufren las personas que viven en asentamientos.
¿Asentamientos en Barcelona?
En ciudades modernas y tecnológicas como Barcelona, que sólo el año pasado recibió 12 millones de turistas, también se esconden estas realidades. El 15% de la población de Barcelona vive en riesgo de pobreza y exclusión, y unas 4.200 son personas sin hogar y, en consecuencia, aún más invisibles. En el año 2014, una docena de familias que vivían en barracas y camiones en un solar hicieron visible su situación al alcalde de la ciudad. «Barcelona es bonita pero también tiene rincones. Nosotros somos uno de estos rincones y usted nos debería tener en cuenta», le explicaban en una carta.
Saber cuántas personas viven en asentamientos es básico para dimensionar la problemática y abordarla. En Barcelona,
las primeras cifras públicas que tenemos son del año 2011 y hablan de 695 personas; los últimos datos, del año 2019, hablan de 836 personas. Se trata de personas adultas solas y también de familias con niños que viven en estructuras temporales, barracas y camiones ubicados en solares vacíos, fábricas en desuso y locales abandonados.
Su procedencia es muy diversa: en los últimos años han llegado muchas personas de la Europa del Este y actualmente conforman la mayoría de personas en asentamientos; también destaca un numeroso grupo de familias que hace más de veinte años que llegaron de Galicia y Portugal buscando oportunidades de mejora; y hay personas de diferentes países africanos y de otras procedencias.
Si hace diez años la mayoría de estas personas se concentraban en grandes espacios de barrios concretos de Barcelona, ahora se dispersan en lugares más pequeños y repartidos por diferentes distritos de la ciudad y otros municipios cercanos, donde se han establecido tras sufrir desalojos reiterados.
La carta que hace seis años recibió el alcalde de Barcelona la enviaron un grupo de familias de origen galaicoportugués, uno de los colectivos más invisibles de los asentamientos y un buen ejemplo de la falta de políticas transversales para transformar la problemática.
Llegaron a Barcelona a mediados de los años noventa, cuando la ciudad declaraba el fin de los barrios de barracas, y se establecieron en las calles de la ciudad con sus pequeñas caravanas como vivienda.
Aunque hoy en día su situación ha mejorado, la mayoría comparte una historia de exclusión social y de vulneración de derechos que se ha heredado de generación en generación.
Todas las familias de este colectivo han sufrido desalojos forzosos de manera continuada.
Un informe de Amnistía Internacional recogía hace unos años algunos testimonios, y una mujer explicaba: «Mi hijo tiene 6 años y ya ha vivido seis desalojos en su vida».
En Barcelona, como en el resto de ciudades de todo el mundo, vivir en un asentamiento significa no poder vivir en espacios salubres y a precio asequible, pero también la vulneración de otros derechos: a tener electricidad y a unas condiciones higiénicas adecuadas; a la salud orgánica y emocional; a no ser discriminadas por su situación y a ser consideradas vecinas de la ciudad; a ser escuchadas y a recibir alternativas con un enfoque de derechos humanos cuando llega el día del desalojo…
Los efectos de un desalojo
Desde la asociación Amics del Moviment Quart Món acompañamos a las familias de origen galaicoportugués que viven en asentamientos en Barcelona desde hace veinte años y, en este tiempo, hemos compartido con ellas muchas situaciones de desalojo: durante el día y durante la noche, con los niños y niñas en la escuela pero también presentes durante el desalojo, con tiempo para recoger las cosas y sin margen de tiempo…
En los últimos años, algunas familias han conseguido acceder a pisos de alquiler social o a otros tipos de vivienda por sus propios medios; de la septuagenaria de familias que actualmente acompaña a la entidad, el 67% aún viven en solares, fábricas en desuso y pisos ocupados. En estos momentos, una veintena de familias sufren procesos de desalojo forzados.
La ONU alerta de que millones de personas sufren cada año desalojos forzosos o reciben amenazas para dejar su casa. Los motivos son muy diversos: proyectos urbanísticos, grandes acontecimientos como unos juegos olímpicos, especulación de la vivienda, criminalización de la pobreza, actividades del sector inmobiliario, desastres naturales, migraciones del campo a la ciudad, ejecuciones hipotecarias, conflictos armados, etc. Pero… ¿cómo afectan a las personas?
Hace dos años, el Observatorio DESC publicó un informe sobre el derecho a la vivienda en Barcelona y su impacto en la salud de las personas. La conclusión era que la inseguridad en la vivienda y el hecho de estar expuestas a desalojos sucesivos afecta a la salud orgánica y emocional de las familias. Desde la ONU-Hábitat lo confirman y se fijan en los niños: «La salud, el progreso educativo y el bienestar generales de los niños y niñas están profundamente influenciados por la calidad de la vivienda en la que viven», y sufrir un desalojo forzoso «suele tener un profundo efecto en los niños».
«La pobreza es causa y consecuencia de los desalojos. Por un lado, la falta de opciones y de seguridad en la tenencia y la imposibilidad de acceder a la vivienda pueden obligar a las personas empobrecidas a vivir en asentamientos, con el miedo a ser desalojadas. Por otro, los hechos demuestran que los desalojos forzosos suelen dar lugar a más
empobrecimiento», añade el organismo internacional.
Les propuestas que surgen para abordar la realidad de los asentamientos en Barcelona van en este sentido: no desalojar a ninguna persona de un asentamiento sin una alternativa efectiva y sabiendo que quedará expuesta a otras vulneraciones de derechos; modificar la normativa municipal para que las personas que viven en una fábrica o en un solar también puedan acceder a una vivienda social cuando sean desalojadas; despenalizar el modo de vida informal de las familias y aprovechar sus habilidades para buscar alternativas; e impulsar políticas de lucha contra el sinhogarismo, con recursos y dotaciones económicas específicas que también tengan en cuenta la realidad de los asentamientos.
El horizonte de 2030
El 18 de septiembre de 2018, el secretario general de las Naciones Unidas llevaba a la Asamblea General de la ONU un informe sobre el derecho a la vivienda adecuada que centraba el tema en los asentamientos informales y que instaba a incorporar el reto a la Agenda para el Desarrollo Sostenible. «El mundo está aceptando aquello que es inaceptable» cuando es «un imperativo de los derechos humanos garantizar a los asentamientos informales los estándares básicos de dignidad», afirmaba el documento.
Los estados deben actuar. La Agenda para el Desarrollo Sostenible les insta a alcanzar una serie de objetivos antes
del año 2030. Dos de estos objetivos son mejorar la situación de los asentamientos y asegurar un alojamiento adecuado y seguro para todas las personas. Para lograrlo, el informe de las Naciones Unidas lanza recomendaciones: informar y contar siempre con el punto de vista de las personas afectadas, reconocer la relación entre el hecho de tener un hogar y otros derechos sociales, favorecer realojamientos en lugares cercanos donde vivían las familias, asegurar que el sistema judicial también protege los derechos de las personas que viven en asentamientos informales…
Es necesario que los Estados adopten estrategias nacionales específicas que tengan en cuenta estas situaciones y es necesario un enfoque basado en los derechos humanos en las situaciones que impliquen desalojos, añade la ONU.
No se pueden ejecutar desalojos, por ejemplo, cuando hace mal tiempo, durante la noche o cuando las personas no están en su casa, y siempre hay que dejar tiempo para recoger las pertenencias.
Hace poco, las Naciones Unidas lo ha recordado en Francia. Según datos del gobierno francés que se refieren a 2018, en
este país más de 16.000 personas viven en asentamientos informales y más de un 25% son niños. «No es aceptable justificar la inacción del Estado debatiendo qué ámbito de gobierno es el responsable: nacional, regional o local», advierte la ONU. Y añade: «La entidad gubernamental que hace el primer contacto con las personas cuyos derechos humanos están en juego debe garantizar la protección de estos derechos», y apuesta por alternativas de vivienda estable.
Vivir en un hogar estable y sin miedo a un desalojo, tener acceso a servicios básicos, al médico y a la educación…
Defender los derechos de las personas es una obligación de todas las administraciones: estatales, regionales y locales.
Es urgente cambiar la mirada y trabajar juntas para que todo el mundo pueda vivir sin sentirse amenazado.
Más información:
- Esta noticia está publicada en la sección de Papeles de Cristianismo y Justicia. Mirala aquí.
- El relator de la ONU en temas de pobreza extrema y derechos humanos visitó el Estado español. Mira el informe que le vamos a hacer llegar sobre asentamientos y vivienda inestable en Barcelona.